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Archivos de la Agencia Nacional de Tierras

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Uno de los problemas estructurales que ha encontrado la Corte Constitucional sobre el manejo de la propiedad rural en Colombia y los bienes baldíos de la Nación es la falta de depuración, clarificación y digitalización de los archivos del antiguo Incoder, que pasaron a manos de la Agencia Nacional de Tierras, entidad que la reemplazó y entró a regir en 2016. (Lea: Baldíos: abecé del fallo que plantea ruta para resolver problemas estructurales) La entidad tiene en sus instalaciones 9.352 metros lineales, que son pilas con 37.502 cajas de expedientes, de las cuales en más del 60 por ciento, no sabe que contienen. (Lea: Las claves del fallo de la Corte Constitucional sobre las tierras baldías)

Se ha depurado 3.719 metros líneas que tienen procesos sobre titulación de baldíos, por ejemplo, y que falta por gestionar 5.633 metros lineales más.

Así quedó claro en una reciente reunión de trabajo que funcionarios de la ANT y otras entidades realizaron a instancias de la Procuraduría General de la Nación que presentó una acción popular que busca poner orden a este asunto. En la cita también se evidenció que la entidad solo ha depurado 3.719 metros líneas que tienen procesos sobre titulación de baldíos, por ejemplo, y que falta por gestionar 5.633 metros lineales más. Es decir, se trata de cajas y cajas de información de la cual dependen procesos de adjudicación, procesos agrarios, procesos de titulación de comunidades étnicas que la ANT debía entrar a resolver. (Lea: Julián Bedoya: Corte tumba caso que llevó a que le quitaran el título de abogado) La acción popular que cursa en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca fue presentada luego que procuradores judiciales en todo el país, que hacen parte de este tipo de casos, empezaran a recibir respuestas de la ANT en el sentido de un expediente determinado no se encontraba dado que faltaba todavía una gran cantidad de archivo por gestionar, según explicaron fuentes.

Puede ser una sola caja, pero en una puede haber un proceso que determina la situación de uno o de muchos predios. La incertidumbre de lo que hay en esa caja es frente a derechos de comunidades

El recurso judicial explica que el “incorrecto manejo del archivo de tierras de la Nación ha sido histórico y se ha agravado por los tránsitos institucionales derivados de la creación de nuevas entidades, sin la debida custodia y conservación documental”. Y recoge el testimonio de una exfuncionaria del Incoder rindió por ejemplo en proceso penal por el deslinde de una ciénaga, en el sentido de que cuando llegó a la entidad encontró en un baño 1.200 procesos sin impulso procesal, entre los cuales había casos de deslinde de tres ciénagas en Sucre. (Lea: Caso Uribe: Corte llama a juicio al excongresista Álvaro Prada) En el marco de la acción popular, ya se han realizado dos audiencias en las que se está buscando llegar a un acuerdo para una solución al problema que afecta, en últimos, a cientos de campesinos que pueden estar esperando la adjudicación de un bien baldío como sujetos de la reforma agraria o la titulación a comunidad vulnerables. “Puede ser una sola caja, pero en una puede haber un proceso agrario que determina la situación jurídica de uno o de muchos predios. La incertidumbre respecto de lo que hay en esa caja, es frente a derechos de comunidades campesinas, frente a derechos en el territorio, frente a la administración de estos bienes”, dijo una fuente informada.

Archivos de la Agencia Nacional de Tierras

La misma fuente explicó que en este caso se han hecho advertencias desde el Archivo General de la Nación sobre el correcto almacenamiento de rollos film que contienen títulos de propiedad otorgados por el Estado y que estarían en riesgo de descomposición. La ANT recibió 4.297 rollos microfilmados, según informó en la última reunión celebrada a finales de julio. En esa cita, además, se acordó que la entidad entregara a la Procuraduría un pacto de propuesta para resolver el problema y un presupuesto final del mismo. (Lea: No habrá juicio contra el IICA por caso Agro Ingreso Seguro: Consejo de Estado) También indicó que los 3.719 metros lineales depurados y organizados están en el mismo físico donde se encuentran los que aún no estaban gestionados, pero advirtieron que cuentan con la identificación correspondiente.

El informe de empalme además dijo que la ANT  "no cuenta con las condiciones tecnológicas ni físicas, de capacidad de almacenamiento y seguridad de los datos para cumplir su misionalidad".

Precisamente, la Corte Constitucional en su decisión pidió al Congreso y al Gobierno que fortaleza a la Agencia Nacional de Tierras ante la magnitud de sus funciones. EL TIEMPO conoció el informe de empalme que se realizó sobre el sector agro tras la elección de Gustavo Petro como Presidente de la República y allí se indicó que la agencia es una entidad "con resultados precarios, centralizada, tercerizada, que ha reducido su objeto misional y con un débil sistema de planeación". El documento dice que la agencia "dejó sin funciones a las Unidades de Gestión Territorial, reduciendo así su presencia en las regiones". Y señala que para 2022, la entidad tiene un presupuesto aprobado de 308.000 millones de pesos y que en el proyecto de presupuesto para 2023 la administración saliente solicitó 1 billón 106 mil millones de pesos para atender el rezago. (Lea: Corrupción: condenan a exmagistrado de la Judicatura de Córdoba) "Planeación Nacional inició la negociación presupuestal para 2023 con 209.000 millones de pesos, lo que implicaría una reducción del 30 % respecto de la vigencia de 2022. Es importante advertir que del actual presupuesto el 34 % es para funcionamiento".

El documento también señala que a pesar de ser la autoridad principal de tierras en Colombia, la Agencia es centralizada con 216 personas de planta y otras 1040 vinculadas por contratos de prestación de servicios. El informe de empalme además dijo que la Agencia Nacional de Tierras "no cuenta con las condiciones tecnológicas ni físicas, de capacidad de almacenamiento y seguridad de los datos para cumplir su misionalidad". (Lea: Con tutela, Luis Alfredo Ramos busca tumbar su condena por parapolítica) Lo anterior porque, a pesar de que existen cuatro sistemas de información, "no se ha dado la virtualización total de los expedientes recibidos del Incoder".

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