El entramado criminal, dedicado al fraude fiscal, falsedad documental y blanqueo de capitales tenía como epicentro la empresa malagueña Frutas Montosa, líder en la producción y venta de productos subtropicales de toda Europa, que habría defraudado más de cuatro millones de euros al fisco.

Compraban fruta a agricultores que no querían declararla y después la facturaban a sus asociados. Su propietario y administrador único fue detenido a principios de mes y puesto en libertad tras pagar una fianza de 200.000 euros, así como el director de una sucursal bancaria en Vélez-Málaga. Otras 80 personas también han sido detenidas por su presunta implicación.

Se calcula que el importe defraudado a la hacienda pública supera los cuatro millones de euros por delitos fiscales en el impuesto de sociedades y el IVA. Aunque a esta cantidad hay que sumar las relativas a importantes regularizaciones voluntarias efectuadas, en su momento, por los principales investigados como consecuencia de una primera tirada con más de 50 arrestos y otras cuantías que se estiman millonarias, aún todavía por determinarse, en el impuesto del IRPF de más de 400 testaferros.

La operación conjunta, de Policía Nacional y Guardia Civil y denominada Aspa-Schet, se ha desarrollado en las localidades malagueñas de Alhaurín de la Torre, Benalmádena, Benamocarra, Málaga capital, Rincón de la Victoria, y Veléz-Málaga. En total, 28 registros -tanto en domicilios particulares como sociales-, interviniéndose más de 1.700.000 euros en efectivo, ocho vehículos de alta gama e ingente documentación que acredita al fraude a la hacienda pública.

Además, se procedió al bloqueo de productos financieros de los investigados y las mercantiles controladas por el entramado, así como decenas de vehículos y centenares de inmuebles.

Según la investigación, el ‘modus operandi’ consistía, fundamentalmente, en generar compras ficticias por las que se abonaban cuotas de IVA indebidas, con el consiguiente fraude a la hacienda pública en diferentes tributos y ejercicios fiscales. La certeza de la falsedad de esas transacciones se fundamentó en que, una vez abonadas las facturas por la sociedad, el dinero retornaba a una caja “B” de dinero en efectivo en poder de la organización.

Para ello, la trama criminal contaba con un gran número de personas, de muy variada ocupación y clase social, entre ellas empresarios del sector, un director de un banco, empleados de gestorías, corredores e intermediarios de fruta, agricultores locales y más de 400 testaferros.

La investigación se inició cuando agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil detectaron que, por parte de intermediarios en el comercio de frutas de de la Axarquía, estaban facturando la venta de grandes cantidades de fruta subtropical de procedencia desconocida a empresas del sector, utilizando para ello la interposición de personas de escasos recursos sin vinculación con el mundo agrario -falsos agricultores a los que la trama facturaba fruta que realmente había sido producida y entregada en la mayorista frutícola por productores locales que no deseaban declararla-.

Esos falsos agricultores, que aportaban su documentación a cambio de una pequeña prestación económica, eran dados de alta en el régimen agrario por la organización criminal, que falsificaba los documentos de compraventa de la fruta subtropical a fin de dar a la actividad apariencia legal e introducir los productos en el mercado.

En la red también se encontraban numerosos productores agrícolas, dados de alta legalmente en el régimen establecido, que no deseaban facturar toda su producción para no declarar legalmente la verdadera cosecha y así obtener diversos beneficios fiscales.

Entre los investigados, un director de una sucursal bancaria en la que se abonaban los cheques con destino fraudulento, unos talones emitidos a favor de los falsos agricultores y que eran cobrados por la organización en una entidad de Vélez-Málaga, y también un alto cargo de la empresa del principal sospechoso, que se encargaría de la contabilidad y de la gestión de la caja “B” en efectivo de la organización. De los hechos conoce el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Vélez-Málaga.